San Juan Huitzontla, una comunidad indígena nahua ubicada en la sierra-costa michoacana, ha estado enfrascada en una batalla legal contra la minería, defendiendo su territorio y su derecho a la consulta. A finales de enero de 2022, la comunidad logró un triunfo al obtener un juicio de amparo contra las autoridades que otorgaron concesiones mineras sin su consentimiento.
La historia de San Juan Huitzontla es un ejemplo de las múltiples amenazas que enfrentan las comunidades indígenas en México. En 2012, grupos del crimen organizado explotaron clandestinamente una mina en su territorio, contaminando un río y causando la muerte de animales. El temor de que existan concesiones mineras en su territorio llevó a la comunidad a investigar. Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, descubrieron la existencia de seis títulos de concesiones mineras.
Rechazando la amenaza de la explotación minera, la comunidad decidió emprender acciones legales. Consideraron que la minería destruiría sus fuentes de alimento, agua, flora y fauna, así como la vida de su comunidad. El 16 de noviembre de 2018, interpuso una demanda de amparo junto al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Red Solidaria de Derechos Humanos. La demanda argumentaba que la Secretaría de Economía había violado el derecho colectivo a la propiedad territorial indígena, el derecho a la protección de las tierras indígenas y comunales, y el derecho a la consulta, establecido en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT.
Luego de tres años de batalla legal, el juzgado sexto de distrito de Uruapan, Michoacán, dictó sentencia reconociendo la violación del derecho a la consulta por parte de la Secretaría de Economía. Sin embargo, la sentencia no ordenó la cancelación de las concesiones, solo su suspensión. Además, el juzgado solo reconoció las violaciones a los derechos humanos de la comunidad, no las generadas por la Ley Minera.
La comunidad apeló la sentencia, presentando un recurso de revisión. Esta lucha se suma a la de otras comunidades indígenas, como Tecoltemi en Puebla, que también han reclamado la inconstitucionalidad de la Ley Minera.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Tecoltemi, al igual que en el de Huitzontla, solo amparó a la comunidad por lo que hace a la expedición de títulos de concesión minera, manteniendo la constitucionalidad de la Ley Minera. Esto perpetúa una legislación que permite la concesión de territorios indígenas a empresas extractivas, sin considerar las necesidades reales de protección de los pueblos indígenas.
La lucha de Huitzontla contra la minería refleja la necesidad de una legislación que proteja verdaderamente los derechos de los pueblos indígenas en México. La ausencia de un precedente que reconozca las graves afectaciones de la Ley Minera, mantiene una deuda histórica en detrimento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. A pesar de los desafíos, las comunidades indígenas continúan buscando caminos para defender su vida comunitaria.
El Impacto de la Minería en las Comunidades Indígenas
La minería en México tiene un impacto profundo en las comunidades indígenas, especialmente en sus tierras y recursos naturales. Algunos de los impactos más relevantes incluyen:
- Destrucción de ecosistemas : La minería a cielo abierto destruye ecosistemas valiosos, incluyendo bosques, montañas y ríos, afectando la flora y fauna.
- Contaminación del agua : Los procesos mineros generan residuos tóxicos que contaminan las fuentes de agua, afectando la salud humana y la biodiversidad.
- Pérdida de tierras : La extracción minera reduce la cantidad de tierras disponibles para las comunidades indígenas, afectando sus actividades agrícolas y su subsistencia.
- Conflictos sociales : La presencia de empresas mineras en territorios indígenas a menudo genera conflictos sociales, violencia e inseguridad.
El Derecho a la Consulta y la Ley Minera
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Mexicana y el Convenio 169 de la OIT. Este derecho establece que las autoridades deben consultar a las comunidades indígenas antes de tomar decisiones que puedan afectar sus tierras, recursos naturales o su cultura.
Sin embargo, la Ley Minera actual no garantiza este derecho de manera efectiva. La comunidad de Huitzontla ha demostrado que la ley permite que se otorguen concesiones mineras sin que las comunidades indígenas sean consultadas. Esto viola sus derechos y pone en riesgo su futuro.
La Necesidad de Reformas
La lucha de Huitzontla y otras comunidades indígenas pone de manifiesto la necesidad de reformas a la Ley Minera. Es imperativo que la legislación mexicana garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, y que se priorice la protección de sus tierras, recursos naturales y derechos.
La Ley Minera debe ser reformada para incorporar mecanismos que aseguren la participación efectiva de las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre proyectos mineros que afecten sus territorios. Además, se debe garantizar que los proyectos mineros sean ambientalmente sostenibles y que se mitiguen los impactos negativos en las comunidades indígenas.
La Importancia de la Lucha de Huitzontla
La batalla legal de San Juan Huitzontla contra la minería es un ejemplo de la resistencia de los pueblos indígenas en México. Su lucha no solo busca proteger su territorio, sino también defender sus derechos y su modo de vida. La comunidad de Huitzontla ha demostrado que la lucha por la justicia y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas es un camino largo y difícil, pero también un camino que vale la pena recorrer.
Su lucha continúa, y es un llamado a la acción para la sociedad mexicana. Se necesitan más esfuerzos para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados, que se protejan sus tierras y recursos naturales, y que se promueva una legislación que realmente los proteja. La lucha de Huitzontla es un recordatorio constante de la necesidad de construir un futuro más justo y sostenible para todos.
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